JEFATURA DE GABINETE
MINISTERIO de TRABAJO, EMPLEO y SS.
Dr. NORBERTO CIARAVINO
Referente al expediente 1-2015-1445647 UCAIRRA – AMPLIACION DE RECURSO JERÁRQUICO.
De mi mayor consideración:
CARLOS A. ROSSI, D.N.I. 7.770.407, dirijo a Usted en mi carácter de presidente de la JUNTA ELECTORAL CENTRAL de UCAIRRA, designado por resolución del 21.12.10 publicada en edicto del 23-12-11 por el Delegado Normalizador del Gremio, según atribuciones que emergen de la resolución 529/10 del Señor Ministro de Trabajo.
Motiva la presente el hecho de comunicarle el exitoso fin de la tarea encomendada, en los términos de la ley 23.551 que culminó con los comicios por voto secreto y directo de los afiliados, del 21 de abril del año 2011, según consta en las actuaciones completas (21-12-10 al 10-05-11) del expediente 1-2015-1445647 de referencia, que ingreso al ministerio el 10-05-2011, elevado para su conocimiento a la dirección de asociaciones sindicales.
Además, del expediente 1-2015-1445593 del 10-05-2011 elevado a Usted, con copias ingresadas dirigidas al Dr. Carlos Tomada y a la Dra. Elena Otaola, originado y suscripto, por las autoridades surgidas de los comicios del 21-04011; elegidas en esa fecha, por unanimidad y ratificadas por una convocatoria del 26-04-11 del congreso y asamblea extraordinario, que se realizó en los términos de la ley vigente y del nuevo estatuto de la entidad, que también se ratifico ese mismo día: el 01-05-11, copia de cuyo acta, debidamente protocolizada se adjunto.
En el camino de la gestión encomendada, surgieron varios inconvenientes de los que doy cuenta en mi envío dirigido a Usted del 18 de abril 2011, expediente 1-2015-1442063, del que trascurrieron 34 días hábiles a la fecha y de otros, de los que me enteré por dichos de terceros de los que no fui nunca notificado, como debió notificarse además de ordenarse su notificación y que NO OCURRIÓ.
No tuve oportunidad de tomar vista del expediente de la tramitación ministerial, por estar todas las veces que concurrí o envié algún colaborador a verlo, en asociaciones sindicales, reservado, escondido o traspapelado, siempre en privada.
Me enteré hace unos días que suspuestamente existía una disposición que dejaba sin efecto mi nombramiento, pero no di importancia a ese dicho ya que nunca fui notificado, supongo que al no existir ningún motivo legal para interrumpir el ciclo de mi gestión, ningún funcionario arriesgaría su carrera para satisfacer órdenes no escritas de algún extraño poder mafioso oculto, torciendo la voluntad del Gobierno y la voluntad de los afiliados que votaron.
Pero el expediente, no resultó –parece ser- reservado, pese a nuestro pedido expreso para los delincuentes denunciados, quienes en su clásica actitud de poliladron y figuretis, contaban por todos lados que los doctores Arcomano y Chaz los recibieron de mano directa de la Dra. Otaola , por pedido expreso de Mangone y Tomada, nada menos, tratando de dar credibilidad con sus dichos exagerados a semejante grosería jurídica.
Se basaba dicho dictamen en las denuncias y quejas, que efectuadas por personajes no afiliados, cuya presentación como la lista naranja, fuera rechazada por contener 71 firmas falsificadas y por triplicado, o sea 213 veces, en 18 planillas que en su carácter de instrumentos públicos, obran en nuestro poder para Ustedes y a disposición de la justicia penal, cuando se haga la denuncia correspondiente y ello, por destacar lo mas trascendente, dado que los otros tres casos invocados, falsa y aviesamente por las funcionarias actuantes, eran el de un testaferro de Poli: Kairuz sin DNI y miembro de una entidad SURyA con inscripción gremial, que pretende compulsar con U.C.A.I.R.R.A.; La señora Baudín, mitómana y supuesta novia del Tano Gigante, denunciado por vaciar el local gremial de Caseros 3745 el 3 de enero, y otros que revisten menor entidad –todavía- hasta el punto de no identificarse los presentados con DNI, caracterizando un escándalo jurídico administrativo doloso de increíbles dimensiones, que pueden terminar salpicando a muchos funcionarios complacientes o ineptos que perjudican la gestión gubernamental del Señor Ministro.
El no haber recibido luego de treinta días contestación de mi envío, me preocupa sobremanera porque allí se reseñaban eventos pasibles de un sumario, para deslindar responsabilidades o sancionar a los funcionarios que actuaron en forma indebida, y ponderar de corresponder, efectuar las correspondientes denuncias penales para librar a la gestión del Dr. Carlos Tomada, de los personajes que con sus siniestras actitudes empañan sus buenas realizaciones de estos ocho años.
Debo informarle que he tenido noticia de una supuesta cedula cursada al domicilio constituido de las autoridades legalmente elegidas, donde declaraban con la firma y sello de la Doctora Otaola la ineficacia jurídica de los comicios del 21/04/11; dando el plazo de estilo para un recurso de reconsideración.
Consultado por la lista 5 “Unidad del Bicentenario”, elegida en los comicios del 21-04-11, les sugerí agotar la vía administrativa ministerial antes de recurrir a la justicia, como un segundo paso, presentando un amparo para obtener una definición estando a derecho.
Les aconseje recusar a los funcionarios actuantes: Dra. Elena Otaola y Néstor Barcos de As. Sindicales ; Dra. Verónica L. Wahlberg, As. Institucionales, que habían subvertido el sentido del propio derecho, invirtiendo en provecho de extraños el debido orden procesal que de hecho ya configura un delito, y permitiendo ingresar en el expediente a extraños al gremio –aunque parece, que no a ellos- y proponiendo soluciones que pretendían detener caprichosamente, la normalización gremial por vía de las elecciones, intentando reingresar al proceso a quienes arruinaron e impidieron la existencia del sindicato, y que cuando pudieron participar se dedicaron a impugnar o criticar, en lugar de cumplir con los exiguos requisitos que se requerían para participar, compitiendo en un pié de igualdad con el resto de los proponentes.
Agotadas las instancias de poder comunicarme con Usted, me informaron estaba de viaje en el exterior; el 26 de mayo volví a solicitar telefónicamente una audiencia con Usted para acercar las partes y evitar mayores conflictos y algún próximo escándalo de proporciones.
En ese orden, le informo que miembros de las listas participantes que lograron la unidad y protagonizaron la elección del 21-4 pp., reunieron durante varios años documentación y sumaron la información de este proceso electoral, documentación suficiente para
presentar en los tribunales federales una formidable denuncia, con mas de noventa (90) implicados denunciados y más de doscientas (200) pruebas documentales por asociación ilícita, violación de los deberes de funcionario público, falsificación, estafa, usurpación, abuso de poder, concurso de delitos, etc., que compromete seriamente a varios funcionarios del ministerio –entre ellos- los recusados.
La denuncia incluye a muchos de los presentados sin derechos y con impugnaciones, también salpica algunos encumbrados dirigentes gremiales con mentada influencia en las desiciones ministeriales; se los vincula a delitos federales y, parece ser, le encontraron conectividad con la causa que llevo al Señor Juez Federal Dr. Oyarbide a realizar un allanamiento de OSCRAIA, la obra social de UCAIRRA en diciembre 3.
Esta denuncia que se reservo desde los primeros inconvenientes de febrero, es imparable. Todos los trabajadores sospechan y ven ante la demora en la certificación de la lista surgida de los comicios, y ahora su pretendido rechazo y la realización de una asamblea con afiliados dados de baja, una maniobra conspirativa y los hechos vergonzantes acumulados en mas de doscientas fojas de prueba documental que pude observar, serán un divertimento para los medios opositores al Gobierno, que pueden arruinar cualquier candidatura.
Es mi interés fundamental, dejar establecido que toda mi actuación fue correcta, explícita, concensuada, consultada y totalmente legal en los términos de la ley 23.551 y la resolución 529/10, que diera lugar a mi designación y mandato.
Nunca en el transcurso de la gestión en la Junta Electoral constituida, recibí una nota del Ministerio o del Delegado, ordenando o bien sugiriendo algo distinto a lo realizado, infinidad de resoluciones vitales al desarrollo comicial se hicieron suscribir al Delegado Serafini, ratificando a cada paso dado, su acuerdo sobre lo actuado por la Junta Electoral , dando cumplimiento aún cuando fueron pedidos verbales de prórroga sugeridos y solicitados por la Dra. Otaola y a instancias del Dr. Martinez Chaz al regreso de sus vacaciones, en la única vez que nos dio una audiencia en consulta, y nos negó luego decenas de audiencias y llamados telefónicos. Después de reponer las partes hurtadas o extraviadas del expediente, nunca más nos atendió, en una actitud comprometida con los personajes sin personería que se introducían con su evidente anuencia –mientras tanto- en el expediente del gremio.
Desde ningún lado se puede invocar una desición política contraria, dado que mi gestión estuvo alineada totalmente con la vocación de unidad interna solicitada por la CGT , y con la irrestricta adopción del modelo que preconiza el Gobierno de Cristina Fernandez de Kirchner y que en este ministerio expresa el Dr. Carlos Tomada y los funcionarios políticos que lo acompañan lealmente; mientras que otros, hoy señalados, sirven a los intereses de presuntos delincuentes políticos y hombres encolumnados con: Venegas, Alejandro Poli (controlador de OSCRAIA); con el radicalismo residual como Raúl Albil (usurpador de una filial inexistente) o Gigante (vaciador del local), o Jorge Micucci (ex usurpador del gremio de la azul y blanca); aunque todos escondan y nieguen sus responsabilidades y compromisos políticos…., son adversarios de nuestro Gobierno y, por lo visto, los únicos conocidos y atendidos por los funcionarios ministeriales cuestionados y recusados en breve.
Desde ya, ME AGRAVIO de la conducta que el mismo órgano que me designó como Presidente de la Junta Electoral mantiene para con mi persona, haciendo reserva de las acciones legales que pudieren corresponder por la falta de respecto y el daño a mi integridad como militante y ser humano en este tiempo que he dedicado mis horas a la puesta en marcha de un proceso electoral que culminó positivamente con la elección democrática de un Consejo Directivo de Ucairra y sus Congresales, enterándome verbalmente que el nombramiento que me comunicaran y que llevo adelante desde el 23 de diciembre de 2010, ha sido dejado sin efecto sin notificar al suscripto y en salvaguarda de mi honesta gestión, hago expresa reserva, luego del pronto despacho presentado, sobre mi envío del 18 de abril, ingresado el 1 de junio pp. y de esta ampliación, de recurrir ante la justicia ante el silencio o la falta de solución estando a derecho del justo reclamo que realizo.
Además muy señor mío, de no obtener respuesta por su parte, me sentiré alevosamente agraviado en la confianza depositada por mi, en Usted y su gestión, luego que compartiera conversando conmigo la necesidad de limpiar al gremio en cuestión, de esos delincuentes seriales, cosa que logré democrática y legalmente sin violencia.
