Un grupo de afiliados del interior que volvían de presentar denuncias en el Juzgado 7 a cargo de Oyarbide llegaron junto a otros gremios hasta el lugar, e hicieron valer su presencia mostrando las presentaciones que portaban. También se facilitaron copias de la cautelar presentada en el Juzgado Federal Nº 3 por las autoridades electas en abril.
La judicialización de una interna gremial –en este caso remiseros- parece que deriva en una avalancha de reclamos de muchos actos ilegales en otros gremios, a espaldas de Tomada, mientras este se ocupaba de una campaña perdida el 31 de julio.
Parece que un grupúsculo mafioso bajo la tutela de radicales nosiglistas como Mangone y Serafini, con la ayuda de Elena Otaola del Ministerio y conocimiento de Noemí Rial, ex funcionaria de la Superintendencia de Salud menemista, desde donde se manejan las obras sociales, subsidios y medicamentos, muchas veces truchos, pergeñaron una maniobra ahora expuesta en los medios evitando normalizar gremios para que manejando sus obras sociales hacer maniobras en perjuicio de los trabajadores y del estado.
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